Cambiemos denuncia que el Ayuntamiento paga 33.000 euros por inmuebles anexos al local que cede gratis a la Junta de Hacendados

El concejal de Cambiemos Murcia Nacho Tornel ha criticado hoy la actitud de “favoritismo y derroche” del Gobierno municipal por permitir a la Junta de Hacendados la utilización gratuita de un inmueble municipal mientras paga de las arcas públicas 2.736,57 euros al mes en concepto de alquiler por tres inmuebles privados anexos a ese local, en el barrio de Santa Eulalia, según un informe de la concejalía de Descentralización correspondiente a 2016.

Para Tornel, es “un sinsentido” que el Equipo de Gobierno haya dado lugar a ceder sin beneficios un espacio público a una organización con ánimo de lucro, con socios a los que cobra cuota, trabajadores a su cargo y subvenciones de la Comunidad Autónoma, y al mismo tiempo pagar cada anualidad un total de 32.838,84 euros por el arrendamiento de tres locales de propiedad privada.

En concreto, se trata de los inmuebles que albergan las oficinas de la Junta Municipal Centro Este, por el que el Consistorio paga al mes 430,74 euros; el Centro de la Mujer, que se lleva 1.445,57 euros públicos, y la ampliación del Centro de Mayores, por el que se abonan 860,26, los tres situados en la plaza de La Candelaria, junto a la misma sede de la Junta de Hacendados. “Sería aún más incoherente acceder a la solicitud de compra que ya ha formulado la Junta de Hacendados”, ha explicado el edil.

Por su parte, la vocal de Cambiemos Murcia en la Junta Municipal Murcia Centro-Este, Eloísa Romero, considera que “resulta sorprendente que en época de recortes y teniendo locales de su titularidad, estos se cedan a entidades ‘privadas’, mientras se recurre al alquiler de otros inmuebles para servicios municipales”.

Cambiemos Murcia ya denunció el pasado jueves que el Ayuntamiento ha mantenido durante 23 años sin regularizar la cesión del inmueble que utiliza la Junta como sede, y que tampoco ha obligado a esta a hacer frente a los pagos de electricidad, agua y comunidad derivados del uso de este local, pese a que un real decreto de 1986 obliga a las entidades cesionarias a asumir estos costes. “Esto lleva a pensar que se da un trato de favor a determinadas entidades”, ha continuado Romero.

Autor: Carlos Egio

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