Cambiemos Murcia quiere que se regule la cesión de los espacios municipales

El concejal de Cambiemos Murcia Nacho Tornel ha presentado una moción al Pleno de este jueves por la que solicita la creación de un grupo de trabajo para la redacción de un texto normativo destinado a regular la cesión temporal de edificios, locales e instalaciones municipales a asociaciones ciudadanas y entidades sin ánimo de lucro.

Esta propuesta nace a raíz de que la formación municipalista descubriera que el Ayuntamiento cedió a la Junta de Hacendados un local en 1991, por un plazo de tres años, sin que se llegara a regularizar la cesión de uso una vez transcurrido ese periodo temporal.

Tornel ha explicado que, al no existir una ordenanza municipal que regule este tipo de cesiones para su uso por parte del movimiento asociativo, el Consistorio recurre a la figura del convenio o, directamente, a un acuerdo de Junta de Gobierno.

“Esto deja en el aire la garantía de igualdad de oportunidad en el acceso a los bienes públicos”, ha sostenido el edil, quien ha recordado, asimismo, que la ausencia de un texto normativo ha dado lugar, “y no en pocas ocasiones”, a que se lleven a cabo “cesiones de uso opacas y poco o nada argumentadas”.

La mayoría de los municipios del país sí cuentan con una ordenanza propia para facilitar a las entidades sociales sin ánimo de lucro una sede o un espacio donde puedan desarrollar actividades y llevar a cabo sus reuniones.

Tornel ha considerado que esta ordenanza debe ir acompañada de un mecanismo de evaluación de la rentabilidad social obtenida por el uso de cada local, de manera que posibilite la optimización de estos recursos, evitando así situaciones de infrautilización o el uso inadecuado de unos bienes escasos de carácter público.

Pasividad del Ayuntamiento

Cambiemos Murcia ha recordado que en 2012 la Junta de Gobierno acordó que todas las asociaciones cesionarias de locales municipales afrontaran los gastos de electricidad y agua porque hasta entonces el Ayuntamiento no exigía esta parte, que, sin embargo, sí está regulada por un Real Decreto de 1986.

La formación denunció hace unas semanas que la Junta de Hacendados hizo caso omiso a este acuerdo, lo que motivó que el Consistorio le requiriera los datos para pasarle los recibos de los servicios básicos. Hasta diciembre de ese año la Junta no respondió al aviso.

Esta circunstancia pone de relieve, ha sostenido Tornel, la “pasividad” del equipo de Gobierno, que “ha utilizado los bienes públicos como si fueran propios, cediéndolos con su criterio particular para ganar puntos ante determinadas organizaciones”.

Autor: Silvia Cabrera

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