Cambiemos Murcia urge al Ayuntamiento a impulsar medidas para que el municipio se convierta en territorio libre de paraísos fiscales

El concejal de Cambiemos Murcia Sergio Ramos ha urgido hoy al equipo de Gobierno a que cumpla con la moción aprobada el pasado noviembre para que el Ayuntamiento no suscriba contratos con empresas que utilicen paraísos fiscales para evadir impuestos.

Ramos ha explicado que el Consistorio aún no ha puesto en marcha esta iniciativa, presentada por la oposición a raíz de una petición de Oxfam Intermón, cuyo objetivo era declarar Murcia zona libre de paraísos fiscales, en base a criterios de justicia y transparencia.

La forma de materializar la propuesta es la inclusión de cláusulas en los pliegos de condiciones para excluir a las empresas que utilicen sus intereses en países que eximen del pago de impuestos a los inversores extranjeros que mantienen cuentas bancarias o constituyen sociedades en su territorio.

“Se trata de excluir de la contratación pública, a través de una cláusula de garantía de transparencia pública presente en todas las fases en las que se desarrolla el procedimiento, a todas aquellas empresas que estén registradas en paraísos fiscales”, ha indicado.

Esta medida se ha puesto en marcha en otros ayuntamientos como el de Madrid, donde se obliga a las empresas que opten a contratos públicos a presentar una declaración por la que garanticen que no han realizado operaciones financieras consideradas ilegales en cuentas bancarias domiciliadas en paraísos fiscales.

De esta forma, en palabras de Ramos, se consigue que las instituciones públicas incorporen en sus políticas de contratación criterios que promuevan un comportamiento fiscal más responsable por parte de las empresas licitadoras.

El edil ha denunciado que la elusión fiscal de las grandes empresas a través de los paraísos fiscales supone una discriminación económica para las pequeñas y medianas empresas que no pueden o quieren hacer uso de ellos.

Además, la evasión fiscal a través de estos espacios también disminuye la recaudación pública, por lo que es más difícil financiar el gasto de servicios sociales.

 

Autor: Silvia Cabrera

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