Diez años de la Ley de Memoria

Nacho Tornel. Concejal de Cambiemos Murcia.

Ver el artículo en La Opinión.

La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conocida como Ley de Memoria Histórica, cumple ahora sus primeros diez años. Abocada al conflicto por los nostálgicos de la dictadura y tildada de insuficiente por los herederos de la lucha antifranquista, esta es una ley sujeta a una proceso de aplicación deliberadamente ralentizado y torpedeado por quienes aún se resisten a condenar el golpe de estado del 36, la guerra liderada por el fascismo, la cruel represión posterior y los cuarenta años de dictadura militar. Como para mirar a otro lado.

Nuestro municipio no es una excepción en este proceso minado. En dos ocasiones (octubre de 2010 y octubre de 2011) la mayoría absoluta del PP en el Consistorio murciano desestimó sendas mociones a iniciativa de los grupos municipales de Izquierda Unida y PSOE reclamando la aplicación de dicha ley, especialmente en cuanto a su incidencia en el callejero y en los símbolos expresamente mencionados en la norma legal que aún son visibles en nuestra vía pública.

Algunos de los argumentos esgrimidos por el PP para justificar el incumplimiento de una ley son dignos de recuerdo, triste alegato contra la Historia y contra la Memoria, dos conceptos ligados pero no idénticos. De esa manera, en una de estas ocasiones, el concejal popular encargado de representar a su grupo «finalizó diciendo que su Grupo era partidario de no cambiar nada para evitar suspicacias. Solo cuando se hubiera avanzado mucho en la democracia y en el pragmatismo, las calles dejarán de tener un nombre y pasarán a tener un número como en Norte América». En este mismo sentido, la postura política del PP concibe la condena del franquismo como una pérdida de tiempo, «resucitando la Guerra Civil cuando la nación está en un momento tan grave con cinco millones de parados, ejecución de hipotecas, disminución de sueldos y congelación de pensiones, etc. Por tanto con un país totalmente empobrecido consideraba que se debían centrar en los problemas de Murcia». Corría octubre de 2011 y quienes guardaban respeto a los golpistas del 36 acusaban a otros de ‘resucitar’ la guerra.

Fruto del fin de la mayoría absoluta en la composición del actual Consistorio, desde noviembre de 2016 la aplicación de la llamada Ley de Memoria Histórica forma parte del Reglamento regulador de la denominación y rotulación de vías, espacios y edificios públicos de titularidad municipal y numeración de edificios del municipio de Murcia, cuyo artículo 4º 1. f) expresa la obligación de respetar la normativa legal en esta materia.

Se constituyó un grupo de trabajo específico para estudiar el actual callejero murciano, se recibió una propuesta concreta sobre denominaciones susceptibles de revisión al amparo de la Ley y se inició el debate al respecto. Con extraordinaria lentitud, las tareas apenas avanzan. Creo de justicia destacar la labor de las personas que acuden a este grupo como asesores en la materia y me permito destacar la aportación de la Asociación para la Recuperación y Defensa de la Memoria Histórica de Murcia: Tenemos Memoria, así como el riguroso trabajo del catedrático de Historia Contemporánea y de América Pedro María Egea Bruno, único material de investigación aportado para alimentar el debate y las decisiones.

Mientras transcurre este proceso de revisión de denominaciones franquistas en el callejero, hete aquí que la primera aplicación de la Ley de Memoria Histórica en nuestro municipio se produce en El Palmar, a raíz de una propuesta de Enrique Baeza, vocal de Cambiemos Murcia en la junta municipal. De forma racional y sensata, la junta decide la sustitución de denominaciones de origen franquista para conceder a sus calles los nombres de personas ligadas al deporte, a la docencia o a los derechos de las mujeres. Parece que esa junta «hubiera avanzado mucho en la democracia» sin mayores dificultades, en contraste con las reticencias que se cuecen en la Glorieta.

Han hecho falta diez años para empezar a desterrar de nuestras calles nombres de exaltadores de la guerra, la represión y la dictadura. Para desterrar de sus casas, de sus puestos de trabajo, de sus aulas a miles de ciudadanos y ciudadanas el proceso no tiene tantas dudas ni tarda tanto tiempo en ejecutarse. Por alguna razón diría el concejal del PP que un país empobrecido (digo yo que las personas son país) no puede pararse en las placas de las calles. Pero olvida que restituir la dignidad a los defensores de la democracia desde el 36 hasta nuestros días no debería considerarse nunca un problema. Salvo que el franquismo se herede, como se heredó el botín de guerra.

Author: Carlos Egio

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