Comunicado sobre la investigación de Igualdad Animal emitida en el programa Salvados

Desde Cambiemos Murcia denunciamos la pasividad de las Consejerías implicadas en el caso

Hace unos meses, la imagen idílica que Grupo Fuertes da en su web era cuestionada al pretender poner una mega-granja porcina encima de un yacimiento de arte rupestre de Yecla, las faldas del Monte Arabí, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. La plataforma “Salvemos El Arabí” organizó a los vecinos y el mismo dueño de El Pozo salía a los medios para declarar haber entendido el mensaje y cambiar la ubicación de su granja.

A fin de conservar sus beneficios en la crisis, los empresarios de la carne rebajaron sueldos, despidieron trabajadores, se acogieron a prácticas dudosas en la contratación de sus empleados: las falsas cooperativas, los falsos autónomos explotados en régimen de semi esclavitud, los migrantes o los sindicalistas amenazados, se convirtieron en una lacra habitual que los gobiernos populares no han querido revisar, reformar o siquiera multar. El Grupo Fuertes practica esta política de disminuir riesgos fiscales en sus explotaciones ganaderas bajo filiales como Cefusa.

Para empezar, las inspecciones del Gobierno regional deben hacerse de nuevo a todo el sector: por sorpresa, con más medios y con la capacidad de cerrar inmediatamente las granjas defectuosas.

El Pozo es reincidente. Recordemos, por ejemplo, lo que sucedió en otra de sus granjas proveedoras: “La granja de El Escobar, en Fuente Álamo (Murcia), podría ser calificada sin lugar a error como ‘la granja de los horrores’. Una especie de reducto del sadismo que fue denunciado en febrero de 2012 por la organización Igualdad Animal con un vídeo que conmovió a media España”. (ver noticia completa en el enlace https://www.elespanol.com/social/20160927/158734457_0.html)

También, en aquella ocasión, la empresa El Pozo se desvinculó de cualquier maltrato animal que pudiera suceder en aquel lugar. Es su excusa habitual, y parece que le da buen resultado, porque no cambia sus métodos. Que pregunten a estudiantes de veterinaria de la Universidad de Murcia en qué condiciones tienen a los animales en la granja de la propia universidad.

¿Y qué hace la Administración con este tema? Nada, o al menos, no lo ha solucionado. No se hacen inspecciones periódicas que permitan comprobar si en las granjas de explotación se están cumpliendo la ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio; el Real Decreto 1392/2012, de 5 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de cerdos; y la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas.

La industria cárnica no fabrica cerditos de plástico ni osos de peluche. Trata con seres sintientes. Y es por ello que no debe permitirse el maltrato, tal como dictan las leyes, y sancionar a quienes infrinjan dichas normas, e incluso, clausurar las instalaciones donde se hayan cometido casos extremos o sean reincidentes.

Francisco José González Zapater, Director General de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura, que fue preguntado por el tema en el mismo programa de Salvados, dijo disponer de 60, 70 u 80 inspectores. No lo sabía con exactitud. También dijo que este caso era algo excepcional…, que el sector porcino estaba cumpliendo con la normativa. Tan sólo con 40 inspectores, supuestamente, que puedan tener, y a razón de una inspección semanal, necesitarían 40 semanas para cubrir 1600 inspecciones. Más de lo necesario en la región.

Y sin embargo, dichas inspecciones no se realizan. Total ineficacia por parte de los responsables de la Consejería. Al igual que en la empresa privada se despide a los trabajadores ineficaces, en las instituciones públicas se debería hacer lo mismo con los empleados, o cargos, que son incapaces de cumplir su labor. Consideramos que los partidos políticos debemos pedir la dimisión, o cese, del Director General de Agricultura y su inmediato superior, el Consejero Francisco Jódar Alonso.

Como curiosidad, queremos recalcar aquí una parte del comunicado que emitió el Gobierno de la Región a raíz del programa de Jordi Évole, en el que considera “injustificado que, a través de un supuesto caso aislado, se cause daño a un sector absolutamente comprometido con el bienestar animal y la salud de los consumidores”.

“Caso aislado”, un término muy usado por el PP ante los numerosos casos de corrupción conocidos.

La tarea de la función pública debiera ser defender el interés general, es decir velar por la salud pública de la población en primer término y hacer cumplir, de manera efectiva, las leyes que regulan los derechos laborales de los y las trabajadoras, y en este caso, también velar por el cumplimiento de la normativa de bienestar animal. Es lo mínimo que se le puede exigir a la administración.

Author: Carlos Egio

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1 Comment

  1. Difícil es confiar en que el Gobierno de esta Región solucione el tema, cuando el Presidente de la CCAA se vanagloria de estar subvencionando la escuela taurina o al nuevo Delegado de Gobierno se le conoce como “Paco, el del efecto látigo”.

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