Cambiemos Murcia señala al Partido Popular como responsable de los desmanes de Mendoza

Denuncia que no es una institución universitaria sino varias empresas privadas lo que hay detrás de esas actuaciones contra el patrimonio público.

El concejal del grupo municipal Cambiemos Murcia Nacho Tornel denuncia la evidente voluntad política del Partido Popular por proteger el lucro privado de los representantes de la UCAM, a costa del patrimonio público. El negocio privado de la familia Mendoza sigue recibiendo la protección institucional de manos del PP, a pesar de los hechos más que evidentes.

Así, Tornel ha afirmado que “nos enteramos por la prensa que el consistorio dio el visto bueno al anteproyecto presentado por la UCAM este verano, y que sigue sin adaptarse, por lo hasta ahora conocido, al decreto 44/2012 que delimita el entorno de protección de este BIC, tal y como recomendaba la Dirección General de Bienes Culturales a la concejalía de Navarro Corchón en respuesta a la petición que esta realizó sobre el Plan Especial propuesto por la UCAM”.

Lo normal, para la formación municipal, habría sido consultar al Consejo Asesor de Patrimonio del Ayuntamiento, entre cuyas funciones consta la de “participar en expedientes que afecten al Patrimonio y bienes culturales”.

Si bien, para Tornel, “tampoco serviría de mucho, ya que el Consejo cuenta entre sus miembros con un representante de esta Universidad católica privada, lo que anula la objetividad de este órgano asesor”. Cambiemos Murcia nunca estuvo conforme con la presencia de la UCAM precisamente por el historial de esta universidad, que cuenta con una causa abierta por la presunta ilegalidad de sus edificaciones.

Existen, además, 4 expedientes desfavorables emitidos y tramitados desde el servicio de Bienes Culturales, expedidos por el Jefe de Servicio destituido este verano y que siguen pendientes de resolución por la Dirección General de Bienes Culturales.

En definitiva, para Tornel, “a la hora de la verdad, el PP protege siempre a los suyos. No solo les financia y les lucra utilizando recursos públicos. Además, les consiente avanzar en tramitaciones y actuaciones sospechosas de ilegalidad, cuando no diseña normativas ad hoc para retorcer la ley a favor de sus protegidos”.

Imagen de eldiario.es

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