Personal de la limpieza de la CARM vuelve a concentrarse para recuperar su salario, recortado en 2012

Trabajadores y trabajadoras de la limpieza de edificios públicos de la Administración regional se han vuelto a concentrar hoy frente al Palacio de San Esteban para reivindicar el pago del 16 por ciento del salario que la Comunidad Autónoma recortó a los 800 empleados del sector entre 2012 y 2013 a causa de la crisis económica.

Antonio Alcaraz, presidente del comité del lote administrativo, ha explicado que llevan “casi seis años” sufriendo una reducción del número de horas de trabajo que oscila entre un 18 y un 60 por ciento, al tiempo que se han perdido 180 empleos con el consiguiente aumento de la carga de trabajo, estrés laboral y bajas médicas.

Alcaraz ha recordado que el Gobierno regional se comprometió antes del verano a que recuperarían el salario completo en dos fases, una a finales de 2018 y la otra en julio de 2019, pero hasta ahora el acuerdo no ha sido ratificado y la consejera de Turismo y Cultura, Miriam Guardiola, ha anunciado que el pago se realizará en mayo 2019 y en 2021.

Los trabajadores y trabajadoras han anunciado que no descartan más movilizaciones si la situación persiste. “El sueldo medio es de unos 400 euros y la situación laboral es de absoluta precariedad; depende de la actuación de la Comunidad Autónoma que sigamos convocando más manifestaciones para luchar por nuestros derechos”, ha dicho Alcaraz.

Sobre la empresa concesionaria del lote administrativo, Ferrovial, el presidente del comité de empresa ha señalado que fue “la única” entidad que se prestó a llevar a cabo los recortes y que, de no haberlo hecho, el concurso se hubiera quedado desierto, con lo que la responsabilidad de esta empresa respecto a las condiciones laborales de los empleados es evidente.

Asimismo, ha puesto de relieve la “discriminación” que sufre el personal de la limpieza en comparación con otros sectores que trabajan para la Administración autonómica a los que también le fueron aplicados recortes, pero de manera temporal.  “Pedimos sentido común y respeto ante esta injusticia”, han sostenido los empleados y empleadas concentradas.

También han lanzado un mensaje al presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, y a los responsables públicos de su situación, entre los que han citado a Fernando de la Cierva, consejero de Hacienda, y Juan José Almela, director general de Informática, para que de producirse más atrasos también recorten sus sueldos “de 3.000 o 4.000 euros” al mes.

Autor: Silvia Cabrera

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