Reclamamos a la CARM que controle el cumplimiento de la ley de transparencia en el Ayuntamiento

Cambiemos Murcia llevará al Pleno del próximo jueves una moción para que el Consejo de la Transparencia de la Región controle el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y del derecho de acceso a la información pública, recogidos en la ley estatal de Transparencia y Buen Gobierno, por parte del Ayuntamiento.

El concejal que defenderá la iniciativa, Sergio Ramos, ha explicado que la citada norma fue aprobada por el Congreso en 2013 con el fin de reforzar la transparencia en la actividad pública en las administraciones, garantizar el acceso a la información y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos.

Sin embargo, en la Región de Murcia, el Consejo Jurídico decidió que sus 45 municipios quedan exentos de cumplir con las normativa básica estatal, de manera que la ciudadanía de esta comunidad autónoma “se encuentra en una situación de desigualdad en relación al resto”, lo que supone “una vulneración del derecho a la igualdad” recogido en la Constitución.

Ramos ha insistido en que si bien Murcia ha sido reconocida por sus altos estándares por Transparencia Internacional, la realidad es que “los mismos no se pueden verificar por parte del Consejo de Transparencia”, que ha tenido que rechazar peticiones referidas al derecho de acceso a la información presentadas por ciudadanos murcianos.

El colectivo jurídico Las Vías puso esta situación en conocimiento del Gobierno central, que ha instado a la apertura de los trámites para que se adopten las medidas necesarias encaminadas a garantizar la igualdad y el derecho a la información de la población de la Región de Murcia al amparo de un informe de la Abogacía del Estado.

En dicho informe, este órgano expresa que ante la falta de asunción de una comunidad autónoma de las competencias que la ley de Transparencia y Buen Gobierno, es procedente la aplicación del artículo 155 de la Constitución, referente al cumplimiento forzoso, previo requerimiento al presidente autonómico y la aprobación por mayoría del Senado, de dichas obligaciones.

Autor: Silvia Cabrera

Comparte este artículo en

Deja un comentario